La renuncia a dimitir del presidente del Consejo General del Poder
Judicial, Carlos Dívar, tras ser denunciado por uno de los jueces miembros del
mismo, por uso indebido de fondos públicos, pone abiertamente en cuestión el
funcionamiento y la integridad no ya de un órgano colegiado sino el
funcionamiento de la Justicia en sí misma y de sus principios en nuestro país.
La administración de la Justicia
cuenta con un amplio historial de irregularidades, episodios desiguales y bochornosos
y tratos de favor a los poderosos.
Veamos tres de los últimos
ejemplos. El Tribunal Supremo ha ordenado el archivo de la
causa instruida contra el banquero Emilio Botín y su familia por la existencia
de un depósito o cuenta opaca de 2.000 millones de euros en el banco suizo HSBC.
Si se lee el auto judicial se llega a la conclusión, como señala la asociación
de técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) que el banquero recibió un
trato de favor, al recibir, secretamente, la opción de “regularizar” esta
cuenta pagando sólo 200 millones y que según el propio auto los mecanismos de opacidad son tan complejos que resulta
imposible determinar el alcance de la totalidad del dinero ocultado.
De paso, otros 670 denunciados de
tener cuentas en la misma situación quedan automáticamente indultados con el
pago de un simbólico 10 % de la cantidad “opaca”, más de 6.000 millones de
euros.
El Tribunal Superior de Justicia
de Valencia ha ordenado retrotraer al juzgado de Nules una de las 67 causas que
tiene abiertas el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra,
por blanqueo de capitales, ocultación fiscal, prevaricación y uso indebido de
fondos públicos. Se estima que esto puede originar un retraso de siete años en
la vista final de la causa y que el posible delito haya prescrito en su
momento.
Y un tribunal de Madrid ha
condenado a cuatro policías al pago de una multa colectiva de 900 euros por la “muerte
no accidental” de un emigrante nigeriano.
Contrastando con todo ello, como
otro juez de Barcelona ha condenado a un manifestante con una multa de 6.000
euros por hacer una cacerolada delante de una sede de la Caixa, los 47 días que
estuvo en prisión una sindicalista de CGT por “quemar dinero falso en público”
o los estudiantes valencianos, menores de 13 años, que han sido multados con
6.000 euros por manifestarse protestando por la falta de calefacción en las
aulas.
Es decir, que esto no es
Justicia, es la ley del embudo. Y que la liviandad, la tolerancia, la
exaltación o la sugerencia secreta al poderoso contrastan con el rigor extremo,
el autoritarismo y el exceso con el débil o socialmente peligroso inducen,
abiertamente, a la incredulidad, al horror, o simplemente al asco.
Pedro Pacheco, ex alcalde de
Jerez dijo que “la Justicia en España es un cachondeo”. No es un cachondeo, es
una entelequia, por no emplear un nominativo mas contundente, pero mas
escatológico.
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