El Tribunal Supremo ha revocado una sentencia de la Audiencia Nacional condenando a tres años de
cárcel a ocho manifestantes que participaron en el bloqueo al Parlament catalán
el 15 de junio de 2011.
En aquel día miles de personas se congregaron ante la
entrada del Palau del Parlament al grito de “Paremos el parlamento, no
permitiremos que aprueben recortes” (aturem el Parlament, no deixarem que
aprovin retallades).
La sentencia nos pone ante la realidad del penoso marco
jurídico en el que vivimos. Una
auténtica dictadura, donde no hay separación entre los distintos poderes y
donde se persiguen y se penan drásticamente los derechos de opinión, reunión,
manifestación y huelga.
El Supremo, plegado y sometido a un criterio político,
enmienda una sentencia impecable en el plano jurídico. Las manifestaciones no son para pasear o
tomar el sol. En ellas se increpa, se ejerce determinada presión para
decisiones que son lesivas para los ciudadanos y no se puede criminalizar a la gente solo por
el hecho de estar allí, participar o difundir la convocatoria. Los ciudadanos
fueron víctimas de los políticos y fueron engañados por sus promesas
electorales y tenían legítimo derecho a manifestarse, protestar, incluso
impedir el acceso a un falso parlamento donde se iban a concretar esas medidas
lesivas contra la ciudadanía y hechas en fraude de ley de sus programas electorales.
La sentencia de la Audiencia venía a recoger todo lo anterior.
Es una sentencia dictada contra el pueblo. Contra su derecho
fundamental a la manifestación y equipara a nuestro régimen político a uno
totalitario de los que con tanta facilidad critica.
En la actualidad hay más de trescientos sindicalistas en
espera de juicio por el “delito” de haber participado en distintas huelgas y
para los que se piden penas de cárcel de entre tres y ocho años.
Es decir que esta “democracia de los banqueros y los
mercados” persigue, restringen y pena derechos fundamentales como la opinión,
la manifestación, la huelga y la crítica. Nuestro país tiene una deuda pública
equivalente a PIB, fruto de la política especulativa de empresas y bancas y solamente
un banquero estuvo en la cárcel dos semanas.
El enorme poder oculto de lobbys de presión y mafias organizadas lo sacó
inmediatamente mientras se llevaban por delante al juez que lo encarceló.
Los ladrones, los estafadores, los defraudadores son
protegidos en “su” más que discutible “presunción de inocencia” y manifestantes
contra el recorte de sus derechos y condiciones de vida
son condenados
vergonzosamente a ocho años de cárcel después de que otro tribunal los
absolviera.
No es sólo la justicia la que actúa como lacaya del poder
oculto, es la generalidad de gobernantes y partidos políticos del país que lo
tienen convertido en una verdadera cloaca.
Es que tan siquiera nos sirve el bicarbonato.
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