Un partido político de derechas se presenta a las próximas elecciones. Hace grandes esfuerzos para ocultar su programa en el caso de ganarlas. En este sentido hay mucho de la inconfesionabilidad de las medidas que adoptaría. Pero más o menos pueden ser éstas.
En política territorial, suspensión temporal de los estatutos de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Murcia, La Rioja, Asturias, Madrid, Navarra, Aragón, Melilla y Ceuta. Reducción de competencias y revisión jurídica a la baja de los de Cataluña, Euskadi, Galicia, Canarias, Valencia y Andalucía. Puesta en debate de una posible eliminación o supresión de las diputaciones provinciales.
En política económica, copago en sanidad, educación y justicia. Fijación de un mínimo de 12.000 € de ingresos anuales para poder quedar exento el pago de 10 € por “acto médico” y “acto jurídico”, y aportación de 30 % del costo estimado en las enseñanzas públicas de preescolar y primaria, del 50 % en secundarias y de la totalidad del coste en bachillerato y universitaria. Privatización generalizada de aeropuertos y estaciones de ferrocarril. Privatización de empresas municipales de servicios de aguas, saneamiento y viviendas.
En política laboral, drástica reducción del número de representantes sindicales y de las horas de representación remuneradas. Nuevo marco laboral con reducción a 8 días de indemnización por año trabajado en caso de despido, con un máximo en cualquier supuesto de media anualidad. Estudio para la supresión, con carácter general, de una paga extra, de cinco días de vacaciones al año y aumento de la jornada laboral anual con supresión de cuatro festivos (San José, Jueves Santo o Lunes de Pascua, 15 de agosto y 1 de noviembre). Nuevo estatuto funcionarial con posibilidad de despido homologable al ámbito general. Reducción de los supuestos para el pago del desempleo, con exigencia de haber cotizado de manera ininterrumpida los dos últimos años y prestación máxima por espacio de seis meses. Supresión del PER y todas las ayudas subsidiarias especiales. Aumento de la edad de jubilación a los 68 años y a 70 para los funcionarios públicos. Nueva ley de huelga con una amplia definición de servicios mínimos e ilegalización de las que tengan carácter sectorial o de huelga general.
Nueva Ley del Suelo y del Patrimonio. Nueva fiscalidad con supresión de conceptos y tasas impositivas a bancos y grandes fortunas. Nuevos horarios del comercio, con posibilidad casi general de abrir cualquier día del año y a cualquier hora. Supresión de ayudas sociales a grupos marginales o desfavorecidos. Aumento de los años de cálculo para el pago de pensiones.
Anulación de las leyes de aborto, de matrimonios homosexuales y de la memoria histórica.
Y si dentro de cuatro años queda alguien con vida, fusilamiento al amanecer de todo sospechoso de contravenir el “nuevo orden”. Primer año triunfal.
