El pueblo lo canta en sus manifestaciones y responde a una
profunda percepción y realidad. Nos hablan de “valores democráticos” y de “nuestra
democracia” y tenemos un poder político secuestrado y plegado a los intereses
económicos de las élites mundiales. El Gobierno carece de autonomía y obedece,
ciegamente, lo que le dictan los poderes fácticos y el capitalismo internacional.
No hay separación de
poderes, el poder legislativo nace de partidos corruptos, financiados
ilegalmente y sometido a los intereses de las corporaciones que los sufragan.
Los contratos públicos son falsos, adjudicados como pago a favores previos y
extorsionan la realidad y sus intereses, al alza.
El poder judicial es una prolongación del político. Tiene características
de “casta”, anclada ideológicamente en regímenes anteriores y adulteran la ley
y su aplicación en su exclusivo beneficio.
La defensa del interés público está encomendada a servidores
y lacayos de los grandes corrutos y delincuentes a los que los fiscales sirven
con absoluta preferencia.
El fraude y la evasión fiscal son inconmensurables, las
grandes corporaciones no sólo no tributan sino que evaden y burlan, al pueblo y
a sus necesidades.
Las libertades y derechos públicos están en franca
regresión. Las libertades de reunión, manifestación, asociación y huelga son
sometidas a trabas, arbitrariedades y
son objeto de ataques mediáticos y perseguidos sus intérpretes policial y
judicialmente.
El pueblo percibe una sensación doble de delito e
impunidad. La banca y los banqueros han
arruinado al país y apenas hay media docena de sumarios abiertos y una
presunción de participar en un piquete de huelga es sancionada con tres años de
cárcel. Hay trescientos sumarios abiertos por participar en la última huelga
general y la quiebra y desamortización de la totalidad de las cajas de ahorro
no ha pasado de dos semanas en la cárcel para uno de sus responsables.
Seis millones de parados y trescientos mil desahucios al año
no han merecido ni una ocupación burocrática de teóricos “defensores del pueblo”
y otros trescientos políticos imputados que continúan en el desempeño de sus
cargos.
No, “lo” que tenemos no es democracia, sino su coartada y
remedo. Una cruel y sangrienta parodia y engaño, que permite y alienta la
explotación y el robo conjunto y al alimón del Estado y de una minoría, de una
casta de privilegiados, heredera y sucesora de los que secularmente han venido
detentando el poder y el control político.
Se han mixtificado democracia y delincuencia, y nos
gobiernan no los demócratas, sino los delincuentes.
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