Una
parte del Gobierno Municipal de Córdoba, la Agrupación de Cofradías y las
Delegaciones de la Junta de Andalucía y del Gobierno de la Nación se felicitan
por el “éxito” que ha tenido el traslado de la Carrera Oficial de la Semana
Santa de Córdoba al enclave de la Mezquita y sus alrededores.
Un “éxito
“ que es cuestionado por otra parte del Gobierno Municipal, las Asociaciones de
Vecinos, los comerciantes y un amplio número de hosteleros de la zona.
El
traslado, del que no hay que perder la pista que se trata de una parte del
empeño eclesiástico y del Obispo de la ciudad de “cristianizar”, a marchas
aceleradas, la Mezquita, se ha hecho con engaño, truculencia y vulneración de
derechos inalienables.
Con el
dictamen favorable, pero condicional, de la Unesco, se ha reemplazado una
celosía, que formaba parte del conjunto monumental y se han saltado la primera
condición impuesta: se ha destruido totalmente. Dicen que la van a reponer, pero
es algo que queda para el futuro.
Han
accedido al interior de la Mezquita, 37 hermandades y cerca de 15.000
nazarenos, con la total sorpresa de no tener que apagar sus cirios al acceder a
ella y llenar de cera derretida todo el pavimento, poner en riesgo por incendio
y llenar de humos todo el artesonado de un Bien que está declarado Patrimonio
de la Humanidad.
Circunstancia
esta última de carácter gratuito y en cierta medida chulesca y provocativa, porque
en ocasiones no generales pero anteriores se obligaba a apagar cirios y
candelerías.
Se ha
privatizado un espacio público fundamental de la ciudad instalando palcos y
sillas que han impedido el acceso de los ciudadanos no sólo a su monumento
principal sino hasta sus propios domicilios, en aras a una hipotética “seguridad”,
que encubría el objetivo de hacer más cómodo el allanamiento de la vía pública
por parte de una clase VIP, auténtica detentadora del poder económico -¿Quién sabe
si político también?- .
Con
hipocresía, los perpetradores del expolio de lo público dice que el acceso al
Patio de los Naranjos era “totalmente” libre, cuando en realidad era de
carácter testimonial, para 300 personas, que tenía que ocupar un espacio
marginal, mientras una invasión de palcos y sillas privatizaba hasta el
desespero un lugar que jamás puede ser privativo para una clase social.
Y todo
con alevosía, exigiendo documentación y acreditaciones de vivir en el lugar por
parte de personal no autorizado, sin condición de fuerza pública o autoridad, a
personas que llevan viviendo decenas de años en el lugar y en la veintena de
calles cortadas, vigiladas y controladas.
E impidiendo durante una semana el normal acceso de turistas y
visitantes, en la época tradicional de mayor afluencia a los mismos.
No se
ha favorecido el turismo de la ciudad, los visitantes han quedado defraudados,
los datos de comerciantes y pequeños hosteleros (bares y restaurantes) son
desalentadores, el costo para el Municipio, en instalación de infraestructuras,
seguridad y reorganización de tráfico es tan enorme como oculto.
Eso sí,
el Obispo ha visto cubierto su objetivo de llenar de cristos, vírgenes y rezos
el interior de una Mezquita, que él quiso llamar “Catedral” y que en alianza
con lo más reaccionario e inmovilista de la ciudad ha convertido en un coto de
uso privado.
¡Y le
llaman “éxito”!
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